Esta semana coincidieron una serie de fechas importantes para el porvenir de las personas emigrantes en nuestro país y en Europa. Quisiera compartir la preocupación y alguna reflexión ante ello:
El 9 de abril se debatió en el parlamento la toma o no en consideración de la “Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras”. Un mecanismo contemplado en nuestra Constitución por el que los ciudadanos pueden enviar al Parlamento una iniciativa para que elaborar leyes. Para ello hay unas condiciones muy estrictas, que básicamente consisten en la recogida rigurosa de un número mínimo de firmas debidamente acreditadas y documentadas. Las iniciativas ha de ser presentada al Congreso, que puede tomarlas o no en consideración. Si son aceptadas, es el Congreso quien deberá elaborar, tramitar y aprobar las correspondientes leyes.
José del Riego
En este caso se ha producido el mayor número de firmas para una ILP desde que fue aprobada la Constitución: 700.000 firmas, muchas más de las exigidas para poder presentar una ILP. Numerosas asociaciones y grupos han apoyado y colaborado en la recogida de firmas. Entre ellos numerosísimos grupos cristianos, parroquias y asociaciones católicas. La Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, junto con numerosas entidades de la Iglesia, emitió en días pasados un comunicado que dice que “tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular”. Y el pasado día 7 de abril, el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, publicó un comunicado del que podemos destacar: “Este debate de la toma en consideración de la IPL sobre la regularización de inmigrantes residentes en España desde antes de noviembre de 2021, pone sobre la mesa común de nuestra nación varias cuestiones: 1ª. La regeneración de nuestra democracia por la acogida de una impresionante iniciativa del pueblo (Demos) que plantea, además, una cuestión ética basada en la dignidad sagrada de toda vida humana, imprescindible para que el Estado no se reduzca a una “banda de ladrones”. 2ª. La situación de casi 500.000 personas que ya viven- malviven entre nosotros- trabajan, y participan de nuestra sociedad. “Regularizar” es hacer normal en el Estado lo que ya es normal, aunque con las limitaciones de la ilegalidad, en nuestra sociedad…. “
Finalmente el Congreso ha decidido de forma muy mayoritaria aceptar a trámite la ILP, de lo que no podemos más que alegrarnos.
El 10 de abril se sometió a votación en el Parlamento Europeo el llamado “Pacto por la Migración y Asilo de la UE”. Dicho documento es contestado por la inmensa mayoría de las asociaciones y entidades que nos esmeramos en apoyar a las personas migrantes, entre ellas muchas entidades y asociaciones católicas, por entender que representa un paso atrás en la defensa de los derechos y de la dignidad de los migrantes. En diciembre pasado, cuando salió a la luz dicho pacto, dicha Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana expresó su “decepción ante una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa. No encontramos en el texto un Pacto con una visión integral centrada en la persona y el bien común, sino un pacto para el control y la externalización de las fronteras. Para lo cual, resultan preocupantes los medios y prácticas que este Pacto quiere legitimar, tales como: permitir la detención de niños a partir de los 6 años, acelerar los procedimientos de asilo en detrimento del análisis profundo de cada solicitud, permitir una solidaridad a la carta entre países, reforzar los sistemas de identificación con datos biométricos, la confusión en el uso de conceptos jurídicos indeterminados como “crisis” o “instrumentalización” que pueden suponer una utilización interesada de los mismos, destinar dinero a gobiernos de terceros países sin garantías de que en ellos se respeten los derechos humanos”. Se sigue pensando que las medidas meramente policiales son la solución a un enorme drama humano.
Puede parecer casual que el mismo 10 de abril el Parlamento Europeo haya votado reformar la Carta de Derechos Fundamentales europea para incluir el aborto como Derecho Fundamental. No es más que la expresión del mundo egoísta e insolidario que estamos construyendo: Cerrando las puertas a los que llegan a nuestras tierras, convirtiendo en un derecho eliminar a quien llega a la vida. Como nos dice el Presidente de la Conferencia Episcopal Española en su escrito del pasado dia 7: “Europa rechaza a inmigrantes y aprueba el aborto como derecho humano. Ambas decisiones suponen un desprecio de la dignidad humana”.
José del Riego Gª-Argüelles
Director del Secretariado Diocesano de Migraciones y Movilidad Humana de la diócesis de Oviedo
