El Tribunal de Cuentas ha hecho público el informe de fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con la Iglesia católica y con otras confesiones. En el texto, el Tribunal valora el trabajo que realiza la Iglesia en su Memoria de actividades de la Iglesia y el Plan General Contable que ha implementado en los últimos años. Un documento que nada tiene que ver con el que se filtró a determinados medios de comunicación, en febrero, tal y como informa el diario ABC, en el que se “deslizaban acusaciones muy graves contra la Iglesia, al sugerir que esta institución podría estar incumpliendo la ley con la utilización que estaba dando a los fondos recibidos a través de la asignación tributaria”. El dinero asignado por los contribuyentes en el IRPF es destinado, según lo previsto en el acuerdo, al sostenimiento de la Iglesia y al cumplimiento de sus fines: mantenimiento del culto, sostenimiento del clero, ejercicio del apostolado y la caridad. En este contexto, corresponde a la Iglesia decidir el destino concreto de sus recursos, siempre respetando los fines indicados y atendiendo al principio de libertad religiosa.
