A comienzos de semana, Delegaciones diocesanas de Enseñanza de toda España pusieron en marcha una campaña a través de Twitter para mostrar su disconformidad con el proceso de tramitación de la nueva ley de Educación, Lomloe, la conocida como «Ley Celaá». Argumentan que se trata de una ley «sin consenso y sin diálogo», «propia de un Estado totalitario», y que «limita la libertad y la pluralidad», al tiempo que «impone un pensamiento único», tal y como explica el actual Delegado episcopal de Enseñanza en Asturias, Miguel Ángel Solís. Así, a lo largo del día, hashtags como «#StopLeyCelaa» o «#NoCierresmiCole» fueron trending topic con más de 104.000 tweets en la red social solicitando la paralización del proceso, en una iniciativa que unió no solo a Delegaciones diocesanas de Enseñanza, sino también a profesores, sindicatos y asociaciones de padres.
Miguel Ángel Solís, Delegado episcopal de Enseñanza
Para las Delegaciones, la Lomloe afecta a la «libertad de las familias», ya que «pretende eliminar la demanda social, de modo que sea el Estado, y no las familias, quien se apropie el derecho de elegir el centro educativo para los hijos», así como otra oferta, la de los centros de educación especial, a los que avoca al cierre. En cuanto a la asignatura de Religión, los profesores denuncian que «margina a la asignatura», eliminando «la asignatura espejo, que sea evaluable y computable», y en este sentido, afirman que «va en contra de lo que dicen algunas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y de lo que se viene haciendo en Europa». «La enseñanza religiosa no puede suponer de ningún modo que haya trato discriminatorio ni desigual, y esta ley lo fomenta para aquellos que quieran cursar la asignatura de Religión», explica Miguel Ángel Solís.
Para el Delegado diocesano de Enseñanza asturiano, «es lamentable y dice mucho de la forma de actuar de este gobierno, el hecho de que pretenda implantar con nocturnidad una ley que merece ser dialogada con todas las fuerzas políticas y con toda la comunidad educativa, y más si cabe, ante la nueva normalidad que está por venir y que requerirá de nuevas estrategias y modelos, y que no tiene en cuenta. El estado de alarma no es el momento para sacar una ley de este calado».
Una ley que afecta a toda la comunidad educativa, comenzando por los alumnos y sus familias, a quienes «limita su libertad y derechos», explica Miguel Ángel Solís. Pero también «a los profesores, equipos directivos, editoriales, que cada poco tienen que cambiar el modo de proceder». «Se necesita –afirma– una estabilidad consensuada, estamos jugando con el futuro de las nuevas generaciones».
