En pleno descanso estival, al menos para los más pequeños y sus profesores, la educación y la escuela continúan estando en el candelero, entre otras cuestiones, porque aún no está claro el criterio de actuación a seguir cuando toque incorporarse a las aulas en el mes de septiembre. Al mismo tiempo, durante las últimas semanas, diferentes manifestaciones públicas del Gobierno han alertado a una buena parte de la comunidad educativa, al dar a entender que las autoridades sólo apoyarán a un modelo de enseñanza, el público, dejando de lado otras opciones elegidas libremente por los padres haciendo uso de un derecho legítimo. Un ejemplo es el de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, desde donde se ha afirmado que no se aportarán ayudas a la enseñanza concertada para afrontar la vuelta a clase. 2.000 millones de euros, nada menos, que irán a parar sólo a una parte de los alumnos no universitarios en España. Una “triste sorpresa”, han reconocido los representantes de la enseñanza concertada, que califican la decisión de “discriminatoria”.
“Entendemos que se trata de un nuevo ataque a la escuela concertada y lamentamos que, en estos tiempos en los que se hacen tantos llamamientos a la unidad, prime lo ideológico, y las familias y los alumnos de la escuela concertada queden desatendidos”, afirma el misionero claretiano Simón Cortina Hevia, presidente de Escuelas Católicas en Asturias y director, a su vez, del Colegio Corazón de María, de Gijón.
El P. Simón Cortina Hevia
Una ayuda económica que es fundamental, entre otras cosas, para cubrir necesidades importantes en los centros, algunas ya existentes, pero que se han incrementado con la crisis. “Hablamos de necesidades de tipo tecnológico –explica–, de implementación de material en un contexto que todavía es incierto».
“Pero también estamos hablando –reconoce– de hacer frente a todas las compras e inversiones necesarias para garantizar la prevención, la seguridad y la higiene en los centros escolares, del personal docente, no docente y de los alumnos. Estamos hablando, también, de necesidades, algunas muy directamente vinculadas a alumnos vulnerables, que precisarán de equipamientos propios para poder llevar adelante, con éxito y provecho, ese seguimiento y esa atención académica y educativa”.
El presidente de Escuelas Católicas en Asturias, que agrupa a 58 centros concertados en la región, a un total de 32.000 alumnos y unos 2.300 profesores, reconoce que han podido mantener reuniones periódicas con la Consejería de Educación durante toda la evolución de la pandemia, y desde allí les aseguraron que sí contarían con la concertada en Asturias a la hora de repartir los recursos económicos que se les asignaran por parte del Gobierno. “Entendemos, por tanto, que será así –afirma–. Porque además, es lo lógico”.
Lógico porque, entre otras cosas, la educación concertada en Asturias abarca el 30% del alumnado no universitario, un “colectivo importante de alumnos y familias”, por lo que otro aspecto preocupante en estos últimos días es la eliminación de la “demanda social”, que propone la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, actualmente en tramitación. “Siempre hemos dicho que es importante reconocer y garantizar el derecho constitucional de las familias a la libertad de elección de un centro educativo. Es algo que se reconoce en el artículo 27 de la Constitución Española, al igual que está recogido en otras constituciones del mundo y en muchos tratados internacionales”, explica el padre Simón Cortina, y recuerda que “el régimen de conciertos que se aprobó en el año 1985, curiosamente con el partido socialista en el gobierno, es un instrumento jurídico que garantiza que las familias puedan elegir esa educación que quieren para sus hijos en igualdad de oportunidades, sin tener que recurrir a sus recursos económicos para tener que pagar una educación privada”. En este sentido, el presidente de las Escuelas Católicas de Asturias denuncia que existe una tendencia “en contra de las sentencias de los tribunales, que quiere convertir a la enseñanza concertada en subsidiaria de la educación pública”. Y “no es así: jurídicamente, somos complementarios. La escuela concertada no está para llegar donde no llega la escuela pública, sino para garantizar que las familias puedan elegir entre una educación pública, o un centro de iniciativa social privada, tal y como reconoce la constitución y la legislación española”, destaca.
Por ello, el que decaiga la demanda social, tal y como propone la LOMLOE, supondría que “la consejería de educación de turno, en función de sus criterios de planificación educativa, podría decir que el colegio concertado tiene alumnos porque hay demanda, pero entendemos que, como el colegio público cercano no tiene suficientes, podemos desviar alumnos del concertado, aunque haya sido expresamente elegido por sus padres, a uno público. Y entendemos que eso no es de recibo, no es lógico ni legal, ni se ajusta al derecho constitucional de las familias”, afirma el padre Simón Cortina.
Falsos mitos
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, defendía hace tan sólo unos días la importante labor de muchos centros religiosos concertados de ayuda a niños y jóvenes vulnerables, en una intervención grabada en vídeo que se hizo viral a través de las redes sociales. Y es que se ha extendido el mito de que la concertada se centra en la educación de las élites, mientras que la educación pública atiende las necesidades de los más necesitados. Algo que, para los representantes de la concertada no sólo “no es cierto”, sino que además es “injusto”. “El nivel socioeconómico del alumnado viene dado por las familias, y también, en buena parte, por dónde geográficamente se sitúe el centro educativo, y eso afecta tanto a la concertada como al público”, explica el padre Simón Cortina, que recuerda que “hay centros concertados con familias o alumnado con la vida resuelta económicamente, y también hay muchos otros donde no sólo no es así, sino que las congregaciones religiosas que están al frente tienen un importante compromiso con los más necesitados y donde, además de los proyectos educativos, desarrollan proyectos sociales de ayuda, no sólo a sus alumnos, sino también a las familias”, explica.
Un buen ejemplo se encuentra en las cuencas mineras de Asturias, donde actualmente los centros educativos concertados se encuentran afectados por el descenso demográfico, algo “a lo que Escuelas Católicas no tiene nada que objetar, pues la natalidad es la que es”. Pero “es justo recordar –explica el misionero claretiano–, que estos centros llegaron a las cuencas hace 100 años para atender y educar precisamente a los hijos de los mineros, cuando el gobierno no llegaba allí, por los motivos que fuera”. “Ahora se tienen que ir –señala– pero sería de justicia que se reconociera y se tuviera en cuenta a estos centros, que tuvieron un papel fundamental e importantísimo en la promoción social y cultural de estas zonas durante tanto tiempo cuando, insisto, el Estado no llegaba”.
