Este curso escolar, al igual que el anterior, viene marcado por la situación sanitaria, pero también por el nuevo proyecto de ley educativa, LOMLOE, con el que se ha mostrado muy crítica la red concertada por considerar que vulnera algunos de los derechos fundamentales que alumnos y familias tienen en relación con la enseñanza. Esta es la postura de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) que tal y como explica su presidente Pedro Caballero se fundamenta desde el mismo contexto en el que se desarrolla este proyecto legislativo, “esta ley que quieren imponernos nace de la discordia, no del consenso y del diálogo. Se necesitaba una ley educativa que pudiera perdurar en el tiempo, pero que fuera fruto del consenso con toda la comunidad escolar, pero eso la ministra se ha encargado de no hacerlo. Si llega a salir adelante, que llegará con las posiciones que tenemos ahora mismo en este gobierno, será fruto de la división y del enfrentamiento”.
Esta situación ha hecho inviable que sus propuestas hayan podido llegar de una manera efectiva al Ministerio de Educación y establecer así un diálogo: “El ministerio se ha encargado de dividir a la sociedad, de hablar y consensuar con unos y con otros, para que al final no sea ni para unos ni para otros. Con algunos ni siquiera ha hablado como es nuestro caso, con quienes el contacto ha sido mínimo. Se nos dijo que tuviésemos tranquilidad, pero esta se ha convertido en incertidumbre y en miedo porque vamos viendo cómo se vulneran los derechos y la posibilidad de ser coactores de la educación de nuestros hijos, y se quite así a las familias la posibilidad de elegir cómo queremos que se eduquen mientras el Estado asume unas competencias que no le pertenecen”. En este sentido, Pedro Caballero también destaca que uno de los problemas es que “ahora la educación está tan dentro de la política que ya no es posible hacer nada, nosotros hemos dicho siempre que tiene que estar fuera, al margen de una guerra partidista que al final es perjuicio para nuestros hijos, que son menores y deben tener una especial protección que no están teniendo en materia educativa”.
CONCAPA puntualiza lo que para ellos son los aspectos que “más perjudican a la libertad de enseñanza, no a una red o a otra ya sea concertada, pública o privada, sino a toda la comunidad educativa”. De este modo, señalan en primer lugar como uno de los puntos “más lesivos el que hace referencia a la demanda social y la desaparición del artículo 109 que es el marco que defiende fielmente la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos” y junto a este también “se quita la posibilidad de que la autonomía de los centros sea la prioridad y le da una potestad a las administraciones para que puedan gestionar cómo reparten los puestos educativos de los alumnos por toda la red, que con un planteamiento de única, pública y laica sabemos cómo va a llevarse a cabo. Se vulnera así reiteradamente el artículo 27 de la Constitución que fue uno de los grandes principios y consensos educativos que ha habido en este país, y con él el derecho fundamental de las familias de elegir la educación para sus hijos”.
Un derecho que hace extensivo a la asignatura de Religión para que esta pueda cursarse en todos de centros, “no puede ser a demanda, tiene que ser de oferta obligatoria y de elección voluntaria. El centro no me puede decir que hasta que no la pidan los padres no la ponen. No sé de dónde se genera esta polémica cuando en la educación pública más del 65 por ciento de las familias eligen la asignatura de Religión”, explica el presidente de CONCAPA que puntualiza, “si se vulnera este derecho afecta tanto a la religión católica como a otras confesiones que tienen acuerdos con el Estado español. No entendemos este empecinamiento sobre todo con la Iglesia Católica que es mayoritaria y que lleva gran cantidad de centros de inspiración cristiana de este país”.
Esta situación ha provocado que la educación concertada haya mostrado su rechazo al proyecto de la LOMLOE, “por respeto a las familias que creen en nuestro proyecto y en esta libertad hemos dicho hasta aquí hemos llegado, basta ya, y si no quieren consenso y diálogo nos tendrán enfrente para hacer la oposición que debamos”.
La situación de pandemia ha provocado que muchas familias “estén al margen de lo que está pasando con la ley educativa que va a regir su vida durante muchos años” ya que la preocupación inmediata es la sanitaria. Y en este sentido también se han visto con dificultades. “Desde el ministerio se nos dijo que no había 17 comunidades y 17 proyectos, pero se ha demostrado que ha sido así, multiplicado por cada uno de los centros a los que se ha dejado la responsabilidad: no ha habido un control para que haya una norma única. En el mes de abril comenzamos a decirle al ministerio que empezara a trabajar en la incorporación y no se hizo nada hasta el 27 de agosto en el que se reunió el presidente nacional con los autonómicos y desde ahí se cambiaron todos los protocolos. Tenemos centros en los que los recursos son los que son y no han tenido normas claras, sino que han ido cambiando día a día, hora a hora y minuto a minuto.” Así las cosas, Pedro Caballero afirma que “los centros educativos están abiertos por el esfuerzo inmenso de las patronales de los centros, profesores y familias que han trabajado para que la salud sea lo primordial y no dejemos de dar educación y formación a nuestros hijos para no perder una generación”.
