Educación y derechos fundamentales

Publicado el 13/11/2020
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Educación y derechos fundamentales

El color naranja lleva varias semanas inundando colegios, páginas webs y redes sociales. Es el color elegido por la plataforma Más Plurales (www.masplurales.es) compuesta por centros educativos y asociaciones de padres y alumnos, para visibilizar su protesta contra la LOMLOE o Ley Celaá, que se aprueba en el Congreso en una situación límite de estado de alarma en nuestro país, sin diálogo, sin consenso, y lo más peligroso, cercenando derechos fundamentales de padres y alumnos. Una ley cargada de ideología –denuncian– que, de seguir adelante, supondría, entre otras cosas, la eliminación de la elección de las familias del tipo de educación que quieren para sus hijos, priorizando la escuela pública como modelo unitario. Por ello, y dado que en su tramitación parlamentaria, por primera vez en la democracia, no se ha permitido que ningún experto en educación o representante de los diferentes ámbitos educativos pueda pasar por la comisión parlamentaria para aportar sugerencias o dar su opinión, Más Plurales puso en marcha una campaña de recogida de firmas hace tan sólo unas semanas. A día de hoy, son más de 1.300.000 personas las que han firmado su manifiesto. “Nos habíamos puesto el objetivo de 300.000, así que ya os podéis imaginar lo satisfechos que estamos con esta respuesta que está dando la sociedad ante nuestra reivindicación, que va más allá de una defensa de la enseñanza concertada, sino que es una defensa de la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos”, afirma Simón Cortina, misionero claretiano y Presidente de Escuelas Católicas Asturias.

Lo que pretenden visibilizar los lazos naranjas en nuestras calles, en las fachadas de los colegios de enseñanza concertada y en otros ámbitos donde pueden verse “es el atropello que se va a cometer, en un tiempo tan complejo como este, a nivel sanitario, social y económico, ante la tramitación de una ley que conculca derechos básicos recogidos en la Constitución”, recuerda el sacerdote.

De  la  misma  manera  opinan  en  Concapa –Confederación Católica Nacional de Padres de Familias y Padres de Alumnos, donde su presidenta en Asturias, Desirée Fernández, denuncia que la ley Celaá “anula a las familias por completo”. “Nosotros demandamos cierta educación y ciertos colegios donde queremos llevar a nuestros hijos –explica– y se nos quita ese poder de decidir, ni quisiera se valora la elección de las familias, con lo cual crean una planificación unilateral que lleva a cabo la administración, donde distribuyan a nuestros hijos según ellos vayan decidiendo”.

En ese sentido, desde Escuelas Católicas se recuerda que el artículo 27 de la Constitución Española es claro al señalar que las familias tienen derecho y la libertad de elegir el centro y la educación que quieren para sus hijos. Un derecho que también aparece reflejado en otros convenios internacionales. “Ahora se quiere eliminar el sistema de 1985 fijado en España, por el cual junto con los centros de titularidad pública, las familias podían elegir para educar a sus hijos un centro de titularidad privada pero concertada, es decir, un centro de iniciativa social”, afirma el presidente de Escuelas Católicas Asturias. “Si desaparece la demanda social, las familias ya no podrán elegir el centro que quieren para sus hijos, o bien, podrán elegirlo pero siempre y cuando tengan en cuenta también aquellos aspectos de planificación educativa que determine la administración de turno. Es decir, bajo el amparo de esa “planificación educativa”, podrán colarse otro tipo de decisiones que, en el fondo, lo que buscan es coartar esa capacidad de la sociedad para poder llevar adelante proyectos educativos propios, y al mismo tiempo la libertad de las familias para poder elegir la educación que quieren para sus hijos. Lo cual es ciertamente grave y peligroso”.

Dentro del decálogo recogido en www.masplurales.es, se señalan otras novedades como la inclusión de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros, una suerte de “comisario político” cuya figura “no es nueva, puesto que la LOE de 2006 ya lo planteaba”, tal y como recuerda el padre Cortina, “fue eliminado por la ley Wert y ahora lo recuperan”. Algo que “no entendemos, y es necesario que aclaren qué papel va a tener una persona así en el máximo órgano de responsabilidad y participación de un centro educativo como es el Consejo Escolar” señala.

De la misma manera se expresa Desirée Hernández, respecto a la eliminación progresiva de los centros de educación especial, que propone la ley Celaá. “Quieren integrar a los niños con discapacidad en la escuela ordinaria, y no dejan que sean los padres los que decidan si llevarlos o no. Son los padres los que quieren lo mejor para sus hijos, y deben poder elegir. Habrá niños con discapacidades muy leves que se integren bien en un centro normalizado, y los habrá, con niveles de discapacidad muy altos que no están capacitados para integrarse en este tipo de escuela normalizada”.

La asignatura de Religión en la ley Celaá queda relegada, sin asignatura espejo y sin ser evaluable, algo “a lo que ya nos tienen acostumbrados”, destaca Simón Cortina. “No pueden eliminarla directamente –afirma– porque forma parte de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, y por tanto es de Derecho Internacional y no se puede eliminar simplemente por una normativa de derecho interno, pero hacen lo posible e imposible para que cada vez haya menos alumnos. Y no parecen darse cuenta de la demanda que realmente tiene, porque las cifras están ahí”.

Mientras la asignatura de Religión se aparta, la ley incluye una asignatura nueva, “Educación en valores cívicos y éticos”, sin que quede claro a qué clase de civismo o ética harán referencia, y que recuerda llamativamente a la conocida “Educación para la ciudadanía”, que dio tanto que hablar a partir del año 2006.

Por el momento, colegios y asociaciones de padres permanecerán a la espera de la respuesta por parte del gobierno, ante la avalancha de más del millón de firmas recogidas en la web www.masplurales.es. Y de nuevo, una petición, que no por antigua deja de ser actual: “Este millón y pico de firmas no sólo representan un “no” a la ley Celaá, sino que quiere abrir tiempos y espacios, una oportunidad para poder llegar a un diálogo, un consenso y un encuentro, para alejar la educación de la política –reconoce Simón Cortina–. Y cuando hablo de política, me refiero en general, unos partidos y otros. La educación tendría que estar por encima del partidismo y que uniera a todos los españoles, que fuéramos capaces de llegar a un pacto o acuerdo que diseñara el modelo que queremos para nuestro sistema educativo español durante los próximos 15 ó 20 años. Esta incapacidad para llevar a cabo este pacto nos diferencia de otros países de nuestro entorno, que han conseguido algo así, y eso se nota en el sistema educativo, y en el aprovechamiento que el alumnado hace de sus clases y del proceso de enseñanza y aprendizaje”.

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