En esta última semana la Ministra de Educación, Isabel Celaá manifestaba su intención de reformar algunos aspectos de la LOMCE, entre los que se encuentran la asignatura de Religión y la enseñanza concertada.
En cuanto a la asignatura de Religión, la Ministra adelantó que no sería computable, y que no contaría con una alternativa o asignatura espejo, al tiempo que añadirá una asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos. Sobre la enseñanza concertada manifestó que era necesario modificar el artículo 109 que fija la programación de plazas concertadas por demanda social, algo que –cree– es un “eufemismo”, y que propicia que, en algunos casos “la concertada esté por delante de la pública”.
Sus declaraciones fueron respondidas en forma de nota por el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, que argumentó que era “necesario recordar los derechos a la libertad religiosa y a la educación”. “Son –afirman los obispos– derechos inalienables de la persona, reflejados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales a los que España se ha adherido”. El Comité Ejecutivo de la CEE –al que pertenece nuestro Arzobispo, Mons. Sanz– recordó que los padres tienen derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos, y que el sistema educativo español, que engloba la educación pública, concertada y privada, es un sistema consolidado en nuestro ordenamiento, que respeta la libertad de elección de los padres”.
Así también lo afirmó Mons. Jesús Sanz en declaraciones a Cope Asturias y La Nueva España: “Se está usurpando a los padres –afirmó– el sacrosanto derecho de educar a sus hijos según ellos consideren mejor: en vez de esto, se les dificultad hasta la imposibilidad que puedan hacerlo, y se les impone una ética de Estado para adoctrinar ideológicamente. Esto es lo grave y no podemos callar”.
Miguel Ángel Solís, presidente de la Plataforma Asturiana Religión en la Escuela, denuncia que las consecuencias de esta medida supondría que aquellos que elijan Religión tendrían que tener una hora más de clase, y “no estarían en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos”, y al tiempo, “no se entiende que una asignatura que está dentro del currículum no tenga valor académico. Es preocupante, lo quieren hacer a través de un decreto pero no se dan cuenta de que un decreto no puede modificar una ley, para ello se necesita diálogo, más tiempo y un consenso”. Al tiempo, recuerda que “cuando la señora Celaá cuando fue Consejera de Educación en el País Vasco ya había ido directamente en contra de la asignatura”, por lo que es “algo que no nos sorprende”. Por ello, “nos tememos que irán minando la asignatura hasta que su elección sea prácticamente imposible, limitando el derecho de elección de los padres, y haciendo una injusticia con respecto a todos los alumnos”.
“¿Es que el mayor problema educativo en España es la asignatura de Religión?”, manifiesta y reconoce que “en la mayor parte de los países Europeos, quitando en Francia –y no en todo el país–, se estudia Religión y no hay ningún tipo de problema. En catorce países europeos, además, es obligatorio. En otros es de libre elección, como en Italia o Portugal y se pone una asignatura alternativa, que suele ser Ética o Valores, para que los alumnos puedan elegir”. Además, recuerda que “hay que tener en cuenta la sentencia de hace unos meses del Tribunal Constitucional que reconoce que la asignatura de Religión garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones. Además, el mismo Tribunal avalaba que la asignatura fuera evaluable, así como la configuración actual de la asignatura, por lo que es sorprendente que pretendan hacer lo contrario a lo que dicen los tribunales, la justicia, la Constitución y los Acuerdos Iglesia Estado”.
Comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española
Por su parte, el Secretario Autonómico en Asturias de Escuelas Católicas, Carlos Robla, ha manifestado que las declaraciones de la Ministra revelan una intención de ir minando los centros concertados: “puede que no sea posible acabar con la enseñanza concertada, porque eso sería difícil y habría que cambiar la Constitución para ello, pero si no acabar, sí seguir esa labor de pájaro carpintero, de ir socavando poco a poco de ver hasta cuándo dura, hasta cuánto aguanta”.
Además, recuerda que “también son los padres los que tienen una gran responsabilidad y en último termino serán ellos los que tengan que decir si quieren una enseñanza concertada para sus hijos o no”. “Al fin y al cabo –reconoce Carlos Robla– las instituciones religiosas, si no las quieren aquí, en Europa, se irán donde más les necesiten. Igual que llegaron aquí porque se les llamó, para hacer determinada labor que entonces no hacía nadie, tendrán que hacer la maleta e ir donde les necesiten”.
“Los centros concertados gozan muchos de ellos de prestigio en la sociedad asturiana, pero hay que reconocer también que llegaron en un momento determinado, algunos hace más de cien años, cuando la educación estaba en pañales, y desarrollaron una gran labor en las zonas más necesitadas de Asturias”. Por eso “cuando se acusa a los centros concertados de elitistas, sería bueno mirar un poco la historia y recordar quién estaba ahí cuando no había ayudas de ningún tipo y el Gobierno no se hacía cargo de la educación”.
